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La nueva ley hipotecaria, presentada hace un año, ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Se prevé que entre en vigor en marzo de 2019, un mes después de su publicación en el BOE, con el fin de seguir la normativa europea 2014/17/UE y proteger a los clientes que soliciten hipotecas.
El objetivo de esta nueva ley es proteger a los consumidores en tres aspectos fundamentales: obligar a los bancos el pago de los gastos de formalización, abaratar la amortización y evitar desahucios.
La banca deberá pagar todos los gastos de formalización: coste de notario, registro, gestoría y el impuesto hipotecario. Pero no el gasto de tasación.
El banco no podrá ligar la concesión de un préstamo a la contratación de uno o varios seguros, ni obligar a sus clientes a contratar otros productos vinculados.
El hipotecado deberá tener acceso al borrador del contrato diez días antes de la firma y tendrá derecho a recibir asesoramiento gratuito de un notario.
Finalmente, estas cláusulas quedarán prohibidas en los contratos hipotecarios.
La comisión máxima que se puede aplicar por cambiar de hipoteca variable a fija será del 0,25% durante los 3 primeros años de la vida de la hipoteca. El banco podrá aceptar o no el cambio.
Los intereses de demora máximos que se establecen en los préstamos hipotecarios van a ser 3 veces el precio oficial del dinero.
Las subrogaciones y novaciones de los préstamos hipotecarios serán gratuitos a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Esto facilitará la competencia entre las diferentes entidades bancarias y le dará más libertad al contratante.
Con el fin de abaratar los costes de la amortización anticipada de la hipoteca, para la amortización de hipotecas de tipo variable, los primeros 3 años de la hipoteca la comisión será del 0,25% sobre el importe que se quiera amortizar. A partir del tercer año, la comisión será del 0,15%.
En cuanto a las hipotecas de tipo fijo, las comisiones máximas serán del 2% los 10 primeros años y del 1,5% en adelante.
El cliente contará con una mayor protección gracias a la ampliación de los meses de cuota impagados.
El banco no podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria (el que antecede al desahucio) hasta que el cliente haya impagado 12 cuotas o el equivalente al 3% del principal del préstamo durante la primera mitad de la vida de la hipoteca. Durante la segunda mitad, serán 12 cuotas impagadas o el 7% del principal.
La nueva ley no afecta a los procesos de ejecución que ya se han iniciado.
Esta nueva ley activará préstamos “verdes” para fomentar los edificios energéticamente eficientes, tanto para su compra como para su rehabilitación.
Estas iniciativas suponen grandes cambios. Sin embargo, algunas medidas claves que se reclamaban desde Bruselas no se han incluido en el texto definitivo y esto podría ser objeto de sanción.